Los cambios anunciados en la ley de Vivienda de Interés Social (VIS) -que en enero de 2017 pasará a denominarse Vivienda Promovida- y el mejor desempeño proyectado para la economía uruguaya el próximo año se visualizan, a priori, como dos elementos que ayudarán a reactivar la inversión y a ampliar la oferta de inmuebles, según expertos de la construcción y el sector inmobiliario.

El gobierno anunció  su decisión de modificar el actual régimen de tope en los precios de venta que rigen para las VIS. La nueva reglamentación que estará vigente para los proyectos promovidos a partir de enero de 2017 prevé que el 90% de las unidades que se construyan en Montevideo y el 80% de las que se levanten en el interior del país no tendrán topeado su precio de comercialización. En la actualidad, esa regla rige para el 25% de las unidades de la capital y el 100% de las que se construyen en los restantes 18 departamentos.

Los empresarios privados de la construcción han manifestado en más de una oportunidad que uno de los factores que ha «desestimulado» la intención de construir en los últimos años es la fijación de topes en los precios. Uno de los argumentos se basa en que esa medida frenó la actividad en el interior del país e incidió para que haya un menor ritmo de presentación de nuevos proyectos en Montevideo.

De acuerdo a datos de Appcu, antes que se establecieran los topes de precios, la cantidad de viviendas que ingresaban a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), para ser aprobadas y obtener exenciones impositivas era de 347 unidades por mes. Esa situación cambió luego y entre junio de 2014 y junio de 2015 se redujo a 180 unidades por mes. Hoy la media mensual no llega a 120 viviendas.

Según el Mvotma, las modificaciones resueltas tienen por objetivo «mantener e incrementar la inversión en vivienda por su impacto en la economía, el empleo y el aumento de stock habitacional». Además, busca «incluir a los sectores bajos, medios bajos y medios que han presentado dificultades en el acceso a una vivienda adecuada, mediante la aplicación de una potente herramienta como lo es el subsidio a la cuota conjugado con el crédito hipotecario (De “El Observador. Economía y Empresas”. Nov. 1, 2016).